Midiendo fuerzas
miércoles, 7 de abril de 2010 by Eleutheria Lekona
El problema no es, en sí, que tengan nuestros datos –ésos ya los tienen desde hace mucho- el problema es esta cierta coacción, esta ética autoritarista con la que se manejan; esta ética que nos hace escuchar en nuestros celulares una amenazante y absurda promesa: si no te registras, tu línea será suspendida. Pero no sólo eso; ahora también, soportar publicidad coercitiva las veinticuatro horas por todos los medios: Internet, TV, radio, prensa escrita, etc.
¿Qué implicaría dar una prórroga por un año? Doblar las manos, dar el brazo a torcer, sucumbir ante el avasallante poder de una ciudadanía no dispuesta a acatar una acción cuya causa no parece tener correspondencia con la acción misma, es decir, ¿realmente registrar nuestros datos redundará en un efectivo combate contra la delincuencia? Si la lógica de esta decisión (véase, RENAUT), está en la misma línea de la lógica del “combate al narcotráfico” que se ha venido implementando desde el arribo de Calderón, el ilegítimo, a Los Pinos, me queda claro que no, que se trata de una acción tan torpe y tan sumisa como la otra. Pero esta implicación es menor comparada con una que el actual gobierno fascista no está dispuesto a tolerar: aquella que reivindicaría el poder soberano del pueblo (o “sociedad” para los quisquillosos con los términos) y que haría percatarse a cada uno de los mexicanos de su apabullante fuerza en tanto sociedad cohesionada, en tanto colectivo organizado, ordenado, no mediocre en la exigencia de sus derechos, pensante, que no sólo cumple con su “deber”, sino que se cuestiona sobre ese “deber”. Esta implicación, abriría una caja de Pandora difícil de cerrar después; aquella que restaría fuerzas a un gobierno obsesionado con el cumplimiento de la ley por la ley misma, aquella que haría recordar a quienes gobiernan que no son sino depositarios del mandato popular y que, en consecuencia, cualquiera decisión que tomasen tendría que hacerse con la venia de sus gobernados.
De alguna manera, hacernos ir en tropel a registrar nuestro celular como buenos automatitas, es una confirmación de la fuerza y el control del gobierno sobre la ciudadanía (como si esto fuera algo nuevo).
Finalizo diciendo que mi hermana me ha comentado que algunas telefónicas te cobran $20.00 por ayudarte a hacer el registro. A mí me parece que este cobro –que en mi opinión, no tiene razón de ser- es sólo posible si hay ciudadanos zozobrantes ante la eventualidad de quedarse incomunicados, ciudadanos que tienen miedo de perder su línea. Y yo me pregunto en una actitud filosofante, ¿no vulnera esa coerción nuestras libertades? Porque, ¿a quién estaríamos dañando si no hacemos el registro?
